Hasta ahora la legislación actual de la UE obligaba a las empresas que cotizan en bolsa a divulgar información sobre los riesgos y oportunidades derivados de cuestiones sociales y medioambientales.
La directiva que entrará en vigor este mes de mayo aplaza dos años la adopción de estas normas de elaboración de informes limitándose ahora en los requisitos de información al mínimo necesario.
