El Consejo de la Unión Europea aprobó el pasado 24 de febrero un paquete para simplificar los requisitos de información sobre sostenibilidad y diligencia debida empresarial, con el objetivo de reforzar la competitividad de las compañías europeas y reducir cargas administrativas.
La reforma limita estas obligaciones a las empresas de mayor tamaño, flexibiliza las exigencias sobre las cadenas de valor y elimina algunos requisitos previstos inicialmente, como el régimen armonizado de responsabilidad civil a nivel de la UE. Además, retrasa los plazos de aplicación: los Estados deberán adaptar la normativa antes de julio del 2028 y las empresas comenzarán a aplicarla a partir de 2029.
